Introducción
La licitación pública ha sido históricamente un mecanismo clave para que las administraciones públicas puedan adquirir bienes y servicios de manera eficiente, transparente y competitiva. Está práctica, desde la última Ley de contratos del sector público de 2017 (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) es la manera ordinaria de contratar obras y servicios, dejando prácticamente en extinción otros sistemas como venía siendo el Convenio de colaboración.
Además, en los últimos años, ha crecido la conciencia sobre el rol crucial que puede jugar el tercer sector (ONGs, fundaciones, cooperativas y resto de entidades sin ánimo de lucro) en la provisión de servicios municipales, especialmente en áreas tan sensibles como los servicios sociales, el cuidado de personas mayores, la atención a mujeres víctimas de violencia de género, los programas de inclusión social, la atención a población extranjera, la gestión de centros sociocomunitarios y un amplio etc.
La necesidad del tercer sector como proveedor de servicios municipales
El tercer sector tiene una ventaja cualitativa en la provisión de servicios sociales, pues su vocación está centrada en el bienestar de las personas y no en el lucro. Esta característica es especialmente relevante cuando se trata de prestar servicios públicos de calidad, donde aporta no solo todo su know-how sino donde repercutirá parte de ese beneficio industrial ya sea directamente en el servicio o indirectamente en mejorar sus servicios y por lo tanto la atención a los más vulnerables.
Pero además el Tercer Sector aporta:
- Conocimiento profundo del territorio y las necesidades: Las entidades del tercer sector suelen estar arraigadas en las comunidades locales, lo que les permite tener un conocimiento profundo de las necesidades específicas de la población. Este es un factor clave para asegurar que los servicios ofrecidos sean realmente efectivos.
- Enfoque centrado en la persona: Al no tener un objetivo de maximización del beneficio económico, el tercer sector puede enfocarse en brindar un servicio más personalizado y humanizado. En áreas como los servicios para personas mayores o la atención a víctimas de violencia, este enfoque es vital para garantizar una atención integral.
- Innovación social y adaptación: Estas entidades suelen ser pioneras en el desarrollo de modelos de intervención innovadores. Además, tienen mayor flexibilidad para adaptarse a las nuevas demandas sociales y legislativas.
- Complementariedad con las administraciones públicas: Las administraciones públicas a menudo carecen de los recursos humanos y la especialización necesarios para gestionar directamente todos los servicios sociales. El tercer sector puede complementar este vacío, trabajando de manera colaborativa y eficaz para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Retos en la contratación pública del tercer sector
A pesar de las claras ventajas de contar con el tercer sector como proveedor de servicios públicos, existen **retos importantes** que deben ser abordados para que este modelo sea sostenible y eficaz.
- Burocracia y acceso a las licitaciones: El proceso de licitación pública a menudo es muy complejo y está diseñado pensando en grandes empresas privadas. Esto dificulta la participación de entidades del tercer sector, especialmente de las más pequeñas, que no cuentan con equipos especializados en procesos administrativos. Simplificar y adaptar los requisitos sería fundamental para facilitar su acceso.
- Competitividad: Las grandes empresas con fines de lucro pueden competir en licitaciones con estrategias de reducción de costes que, si bien resultan atractivas en términos económicos, pueden sacrificar la calidad de los servicios. El tercer sector, al no tener esta misma capacidad de ajuste, puede verse en desventaja, lo que pone en riesgo la calidad y sostenibilidad de los servicios sociales.
- Financiación inestable: Muchas entidades del tercer sector dependen en gran medida de subvenciones y contratos públicos para su funcionamiento. Esto genera una dependencia que, si no se gestiona adecuadamente, puede afectar la estabilidad de los servicios prestados. Una solución podría ser la creación de modelos de financiación mixtos que les permitan una mayor independencia y sostenibilidad.
- Impacto social medible: Uno de los retos más complejos es establecer indicadores claros de impacto social que permitan evaluar el éxito de las intervenciones del tercer sector en comparación con proveedores privados. A menudo, los criterios de adjudicación de las licitaciones se centran exclusivamente en el precio, y no en el impacto social a largo plazo. Es necesario incluir métricas de calidad e impacto en los procesos de evaluación.
- Colaboración público-privada más inclusiva: Si bien existen ejemplos de colaboración efectiva entre administraciones públicas y el tercer sector, en muchos casos aún hay barreras culturales y estructurales que dificultan la sinergia. La formación de alianzas más robustas, basadas en la confianza mutua y el entendimiento del valor social aportado, es un reto crucial.
Mirando hacia el futuro: Un nuevo marco de contratación pública
Para aprovechar al máximo el potencial del tercer sector en la provisión de servicios municipales, es necesario avanzar hacia un nuevo marco de contratación pública que valore no solo el coste económico, sino también el impacto social. Esto implica revisar los criterios de evaluación de las licitaciones, crear un entorno más accesible para las pequeñas entidades del tercer sector y fomentar una cultura de colaboración que reconozca la importancia de estos actores en la mejora del bienestar social.
En conclusión, la licitación pública ofrece una gran oportunidad para que el tercer sector desempeñe un papel central en la provisión de servicios municipales. Sin embargo, para que este potencial se materialice, es necesario superar los retos actuales y construir un sistema más inclusivo, eficaz y centrado en las personas.
Este enfoque ayudará a los gobiernos locales a prestar servicios de mayor calidad y cercanía, al tiempo que el tercer sector podrá fortalecer su capacidad de impacto, consolidando su papel como aliado fundamental en el bienestar social.